Foro Medico Nicaraguense

Por la Instalación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nicaragua

Aunque en nuestro país no se cuenta con una disposición constitucional que establezca la regulación obligatoria de las profesiones, como veremos mas adelante, desde hace ya más de un siglo se regula el ejercicio profesional en las carreras de abogado y notario.

Para comprender mejor el problema de la regulación profesional es importante separar dos eventos: la acreditación profesional (títulos, diplomas, créditos académicos etc.) y la habilitación profesional, es decir: la autorización para ejercer una profesión dada. En el primer caso la regulación es responsabilidad de las instituciones formadoras y en el segundo la autorización del ejercicio y su correspondiente regulación recae en instituciones estatales o colegios profesionales.

La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, conocida como Ley 89, separa ambos eventos. En el arto.9 (T.I, C.II) inciso 3, dice que las universidades tienen la facultad de “…expedir certificados de estudios, títulos … y reconocer los grados académicos…” y en el inciso 4, del mismo artículo que la universidades cumplen con la función de “..autorizar el ejercicio profesional, excepto la abogacía y el notariado, que por Ley le compete a la Corte Suprema de Justicia…”.

La única experiencia de regulación profesional efectiva existente en Nicaragua es la que ejerce la Corte Suprema de Justicia en el caso de abogados y notarios. Los primeros, a través de la Ley de Tribunales que data del 19 de Julio de 1894 y sus reformas y los segundos a través de la Ley de Notariado, específicamente en los arto. 1 Cap. I, que indica “….se reciben de notarios o incorporan de la forma que establece la ley de Instrucción Pública, Ley de Tribunales y Tratados…”; o lo que se señala en el arto. 10 inciso b) Cap. II de la misma ley “..que acompañe el título académico extendido por la respectiva facultad….”.
En el Capítulo II del Título IX de la propuesta de “Ley Orgánica del Poder Judicial”, titulado, “De los Abogados” se indica, en el arto. 203, que el ejercicio de la abogacía conlleva una “función social al servicio de la Justicia y el Derecho”. Más adelante, en el arto. 204 señala que para poder ejercer la profesión de abogado es necesario “estar inscrito en la Corte Suprema de Justicia”.

Respecto al ejercicio profesional, la Constitución nicaragüense establece en el arto.86 Cn. que “Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo, sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social”.

Consultadas las actas de debates diarios de la Asamblea Nacional para revisar lo señalado por algunos juristas en el sentido que el Arto. 86 Cn. debe interpretarse como contrario a la colegiación profesional, podemos indicar que: no encontramos en dicho debate ningún señalamiento contrario a la regulación profesional, sea por medio de instituciones del Estado, sea por medio de Colegios Profesionales. Todo lo contrario, en todo momento se señaló que las profesiones debían cumplir con una “función social”. En el caso de la profesión médica es evidente la necesidad de vigilar la función social en su ejercicio.
Por tanto podemos interpretar que: la función de regular el ejercicio profesional no está reñido con el precepto constitucional, sino todo lo contrario, ya que es necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las acciones de los profesionales y técnicos, esta es la base del concepto de función social que deben cumplir las profesiones.

A excepción de Nicaragua todos los países Centroamericanos cuentan con artículos constitucionales que permiten la colegiación obligatoria de los profesionales. En Honduras el arto. 177 Cn. dice: “Se establece la Colegiación Profesional Obligatoria. La Ley reglamentará su organización y funcionamiento”; en Guatemala el arto. 90 Cn. manda: “La Colegiación de los Profesionales Universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio.”; en el Salvador el arto. 68 Cn. indica “El ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo, será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión.”. En Panamá el arto. 40 Cn. dice que “Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.”

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Comentario de ramiro leza maradiaga el agosto 23, 2011 a las 5:32pm

 Las EMPS no solamente tratan de afiliar a trabajadores estables de empresas o fábricas (Compitiendo en este terreno con el INSS) sino que intentan afiliar a los ambulantes, microbuseros, peluqueros, contadores, abogados, pequeños artesanos, comerciantes, zapateros, taxeros, irán de casa en casa, de negocio en negocio ofreciendo sus planes potestativos de salud en un intento de apoderarse de ese mercado de millones de dólares anuales, mercado que tradicionalmente ha pertenecido a los médicos de manera individual o colectiva (Clínicas). Este enfrentamiento desigual ya es una realidad, pues existen actualmente consorcios de inversionistas de EMPS con millonaria campañas por radio, TV, diarios y con miles de promotores en las calles para hacer temblar a los ya temblorosos consultorios, de esta manera la salud del pueblo se convierte en un negocio para los inversionistas, arrinconando al verdadero protagonista de la película:  al médico, a vivir de su sueldo (mísero por cierto) o de  las migajas que las clínicas asociadas a las EMPS les den acelerando el proceso irreversible de la proletarización del otrora valioso médico, a un lado quedará el inmenso esfuerzo que significa ser médico, ser especialista, ser máster o doctor ya que debido a los intereses capitalistas de la EMPS tomarán la mano de obra médica barata que existe en abundancia en el mercado así como lo hace el gobierno a través del MINSA brindando empleos partidarios aunque no se mejore la calidad de la atención (Demagogia).

 Alternativas: la relación médico-paciente, es una relación de conciencia y confianza, es decir, que el paciente acude a un consultorio porque tiene la confianza en dicho médico y este a su vez responde conscientemente a dicha responsabilidad (Estudiando los casos, acertando en el tratamiento, cobrando honorarios justos y solidarios, etc.) este es el muro de acero que a las EMPS les está costando derrumbar,  pues de por medio está la íntima y sólida relación que el médico tiene con sus pacientes en el mercado privado, de por medio está la ética del dúo conciencia y confianza, en todo caso se pondrá a prueba esta relación; las EMPS esperan arrebatar aunque sea parcialmente este mercado a los médicos (Se han trazado cinco años, como meta) y lo triste es que hay médicos que se prestan como obreros a denigrar el trabajo de otros, y hay gobiernos que con el populismo continúan en el proceso de desprofesionalizar al gremio médico para utilizarlo en movimientos políticos como una masa sin sentido ni intelecto y mucho menos dignidad.

Comentario de ramiro leza maradiaga el agosto 23, 2011 a las 5:28pm

Desde hace un tiempo se ha hablado de dos situaciones de gran importancia para el médico nicaraguense, aparentemente aisladas entre si, pero con gran repercusión para el ejercicio profesional del médico:

1.- . Excesiva cantidad de Médicos:  actualmente existen en el país al menos 10 facultades de medicina, la mayoría de garages, de donde egresan  aproximadamente 800 médicos por año; sin contar a un centenar más que llegan de otros países. No existe déficit de médicos por cantidad de habitantes, lo que hay es una mala distribución de los recursos humanos en parte por los salarios paupérrimos que ofrecen en las instituciones de salud y las deplorables condiciones de trabajo en las unidades. Esté incremento de la cantidad de médicos significa desocupación de los recién egresados, subocupación (léase explotación) de los médicos jóvenes y proliferación de consultorios, centros médicos. La Comisión de Salud de la Asamblea no tiene  en agenda discutir esta problemática (la desocupación de los profesionales de salud) esto quiere decir que el Estado no enfrentará este problema, más aún cuando ya se sabe que no hay plazas en los hospitales, no se crean nuevas ni se jubilan quienes actualmente trabajan; de esta manera año tras año se acumularán miles y miles de médicos a competir básicamente en el mercado libre, en la atención privada a la población.

2.- Empresas Prestadoras de Salud ( Empresas Médicas Previsionales):

“Se gastan millones de dólares que no se corresponden a los gastos que la población hace de su bolsillo para acudir al médico particular, pagar análisis, ecografías, etc. comprar medicamentos sin que haya buena calidad de atención entre los médicos privados que se lucran de la desgracia de la población”; según el mencionado funcionario este gasto es caro e ineficiente.

 Esto, por cierto, es un duro comentario contra los Consultorios Médicos Particulares que debe merecer una respuesta del Colegio Médico y Asociaciones si es que realmente existen; pero a la vez dibuja la magnitud de la ambición de la EMP, es un sabroso mercado de millones de dólares en un año por lo tanto es evidente que hay un enfrentamiento de intereses. De un lado estarán las EMPS con todo a su favor ( apoyo estatal, millonarias inversiones, clínicas asociadas, intensa propaganda, corrupción en el INSS y MINSA,  etc.) y de otro lado clínicas populares, centros médicos y consultorios médicos privados. Las EMPS no solamente tratan de afiliar a trabajadores estables de empresas o fábricas (Compitiendo en este terreno con el INSS) sino que intentan afiliar a los ambulantes, microbuseros

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