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“No hay política de Estado sobre salud mental” - END 30 de diciembre del 2010

Organismos de derechos humanos sobrecogidos por reportaje del Siquiátrico:


“No hay política de Estado sobre salud mental”


* “Las tres muertes ocurridas en el siquiátrico no son culpa de los tres enfermeros que suspendieron, eso fue una cortina de humo para ocultar responsabilidades”, dice Gonzalo Carrión, del
Cenidh


* “Gobierno no sólo debe asumir la responsabilidad por los enfermos mentales que deambulan en las calles, sino por los daños que pueden ocasionarles a otras
personas”, afirma Denis Darce, de la CPDH


Laura Rodríguez Rojas 

 



Ricardo ve su vida pasar lentamente a través del cristal de una botella de licor. Tiene muchos hogares. Una calle del Mercado Oriental, una cuneta, una esquina. Vende latas para
costear el licor que le ha carcomido la vida, un vicio que lo hizo perder a su
familia y su trabajo. Para él no hay nada más importante en el mundo.

Viste harapos. Su piel está mustia, sus ojos han perdido el brillo de la vida.
Casi no logra mantener una conversación, pierde el hilo con facilidad y camina
en zigzag. Ha estado ingresado tres veces en el hospital siquiátrico, pero lo
ha abandonado por su propia voluntad.

Ricardo, cuyo nombre real preferimos omitir en aras de respetar su privacidad,
padece una sicosis secundaria al alcoholismo. Es una enfermedad que sufre desde
hace más de dos años, y la primera causa de ingresos en el hospital siquiátrico
de Managua.



No existe política de salud mental

 


Según Denis Darce, Director de Proyectos y Capacitación de la CPDH, los casos como el de Ricardo son comunes, porque el Estado no tiene una política de salud
pública en el país.

“El Estado nicaragüense debe ser el principal garante de la salud de sus
ciudadanos. Si los enfermos mentales han perdido la capacidad de asumir el
control de su vida y de sus actos, éste debe asumir un rol más activo. Los
enfermos mentales que deambulan en las calles son responsabilidad del Estado,
no sólo por ellos, sino por los daños que pueden ocasionarles a otras personas.
Así que deben internarlos en el hospital siquiátrico”, aconseja Darce.



Estado, el principal responsable

 


En cuanto a las tres muertes acontecidas en el hospital sicosocial de Managua, las cuales fueron cometidas por otro paciente con antecedentes penales, para
Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Cenidh, la principal responsabilidad es
penal y administrativa.

“El Estado nicaragüense es el principal culpable de estas muertes, porque no
garantiza las condiciones de infraestructura, no tiene personal capacitado para
atender a reos con problemas siquiátricos, brinda mala asistencia farmacológica
y no tiene suficiente personal. Esto no es culpa de los tres enfermeros que
suspendieron. Eso sólo fue una cortina de humo para ocultar que el Estado se
está deslindando de sus deberes”, expresó.

El otro problema que identifica Carrión es que el Estado ha incumplido su deber
de esclarecimiento de los hechos, de forma pública y transparente, ya que todo
lo que se ha conocido en torno al caso ha sido a través de los medios de
comunicación.

“Cuando se produce este tipo de situaciones, el Estado tiene que esclarecer los
hechos ante la ciudadanía, porque las personas que están internas son tutelares
de él. Pero lo que vimos en este caso fue un encubrimiento total. No se
pronunció el Minsa, ni el Instituto de Medicina Forense ni la Policía”, recordó
Carrión.

El Estado tiene el compromiso legal de informar a la ciudadanía sobre cualquier
situación que ocurra en una institución pública, de presentar las pruebas y la
evolución de las investigaciones. Estos documentos deben estar disponibles para
todo el ciudadano que desee leerlos, ya que lo ampara el derecho a la
información pública.

Según Carrión, en esta tragedia el Estado cometió muchos errores. No cumplió
con su papel de prevención y protección de la vida de estas personas, ya que no
brindó las condiciones para una adecuada supervisión. No esclareció los hechos
ante la fragilidad de una institución que está en el más completo abandono, y
no dio garantía de no repetición.

“Una de las cosas más preocupantes en casos como éste, es que si el Estado no
ha revelado lo que pasó, lo más probable es que tampoco esté tomando medidas
para evitar que existan víctimas futuras, porque estamos ante problemas
estructurales de fondo”, recalcó Carrión.

Para Darce, la vulnerabilidad del hospital siquiátrico es obvia y difícil de
solucionar, ya que requiere la acción coordinada de muchas instituciones.

En primer lugar, el Minsa tiene que garantizar los recursos físicos y humanos
para el funcionamiento adecuado del hospital, y realizar auditorías periódicas
para ver si se están cumpliendo los protocolos de atención siquiátrica.

Agregó que la Asamblea Nacional debe asignarle más presupuesto al hospital. Los
jueces ejecutores de penas deben llegar al centro asistencial para verificar si
los reos están cumpliendo con su proceso de rehabilitación y reinserción
social. Finalmente, el Instituto de Medicina Legal debe valorar y supervisar la
evolución de los reos.



Se violentan derechos humanos

 


En el caso del hospital siquiátrico, hubo clara violación a los derechos de las víctimas y del victimario.

“El Estado debe responder por la vida de todas las personas hospitalizadas,
cosa que no pasó en este caso. Estas personas fueron víctimas de un sistema
obsoleto que no ofrece las condiciones para garantizar la recuperación de su
salud y la preservación de su vida bajo condiciones dignas. Pero también
violentó los derechos humanos del victimario, porque él es parte de la
reeducación penal”, explicó Darce.



Es un asunto político

 


Para el director jurídico del Cenidh, es obvio que esto es parte de una estrategia política. La salud mental siempre ha estado en un segundo plano
porque no suma votos.

Consideró que en Nicaragua no existe educación sobre la importancia de la salud
mental. Para la mayoría de las personas, la salud se reduce al componente
físico, desconocen que el cuerpo es un ente biosicosocial, en el cual la mente
juega un papel preponderante.

“El problema en nuestro país es que lo que no es explotable políticamente no
vale. Y la salud mental no representa más votos, porque es algo a lo que la
gente no le da importancia. Más bien es un tema que se trata de ocultar, que
abochorna a la familia y a los mismos pacientes. Todavía, hoy por hoy, ir a un
psiquiatra sigue siendo un tabú”, afirmó Darce

 


¿Qué hacer?

 

 


Para cambiar la situación del hospital siquiátrico, el director jurídico del Cenidh recomendó que debemos asumir un rol más activo. Los familiares tienen
que recurrir a instituciones de derechos humanos y denunciar los abusos a los
que están siendo sometidos sus familiares.

Agregó que es necesario crear centros penales de reinserción y rehabilitación
siquiátrica, o al menos, dividir al hospital en dos alas: una que abarque a las
personas enfermas, pero no peligrosas, y otra que absorba a las que tienen
compromiso penal.

“Los medios de comunicación deben seguir impulsando campañas de investigación
para descubrir estas evidentes violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Dijo, además, que se debe sensibilizar al Estado y obligarlo a que las
prioridades no se definan en términos de cantidad, sino de impacto en la vida y
la salud de las personas.

Sólo una sociedad beligerante podrá revertir que la vida de personas como
Ricardo siga a la deriva, y que otras como Pablo Arellano Chávez, Julio
Villavicencio y “Daniel”, las tres víctimas que murieron en el hospital
sicosocial, sean segadas.

               

 

END 30 de diciembre del 2010

 

 

http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/12/30/nacionales/138655

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